Por la Resistencia Campesina, la permanencia y la tenencia del territorio.
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Asociaciòn de Campesinos del Sur de Còrdoba "ASCSUCOR"

FARC desplazan a campesinos en Puerto Libertador (Córdoba)

El miércoles 19 de noviembre de 2014, al parecer integrantes de las FARC-EP amenazaron y desplazaron a tres campesinos del corregimiento de Juan José perteneciente al municipio de Puerto Libertador (Córdoba).

Se hace evidente la nula presencia de la autoridad militar o policial en este corregimiento que de antaño fue cuna del EPL y hoy por hoy es territorio en disputa por el control entre las FARC-EP y la denominada banda criminal “Autodefensas Gaitanistas”.

Antecedentes

Desde los años 80, el corregimiento de Juan José viene siendo usado como “corredor” y lugar de operaciones de grupos al margen de la ley, de la misma manera abandonado por las instancias gubernamentales; es nula o casi nula la inversión social; además las Fuerzas Militares y de Policía nunca accionan sobre esta zona, salvo cuando hechos como el de Tierradentro concurren al derredor.

Juan José fue cuna del EPL, luego de su desmovilización llegaron las FARC-EP, a mediados de los 90 se apoderaron las ACCU / AUC. Hoy por hoy, el territorio es disputado para su control entre las FARC-EP y la denominada banda criminal “Autodefensas Gaitanistas”, estos últimos con presencia armada evidente en la cabecera corregimental los siete días de la semana, las 24 horas del día.

Son décadas de zozobra que pesan sobre este corregimiento en el olvido del Estado y previsto de indiferencia por las instituciones del Gobierno colombiano.

Hechos

1. El miércoles 19 de noviembre de 2014, hombres armados al parecer de las FARC-EP desplazaron a tres campesinos de la cabecera corregimental de Juan José. Las víctimas se reconocen como líderes de diferentes procesos campesinos, uno de los cuales hace parte de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor).

Para esta ONG es preocupante notar cómo líderes y campesinado en general se ven de manera constante sometidos a las acciones de los grupos armados al margen de la ley, quienes desplazan, victimizan y asesinan a quienes asumen el liderazgo de sus comunidades y por ende denuncian el estado deplorable en que se encuentran este territorio y sus pobladores.

En el transcurso de este año, ante la Defensoría del Pueblo nacional, sistema de alertas tempranas, se instó una comisión de verificación, la institución mencionada citó a dos posibles y aún al día de hoy se está a la espera de la misma.

Es de resaltar que, según comentan los labriegos, “el corregimiento no tiene inspector de policía corregimental porque a los anteriores los han asesinado o han tenido que salir huyendo”.

También preocupa que desde la Ascsucor se haya denunciado de todas las maneras posibles ante el gobierno nacional, departamental y municipal los hechos victimizantes sobre los que vale recordar la persecución, señalamientos, amenazas e intentos de homicidio en contra de dirigentes campesinos integrantes de Ascsucor y desde luego de Marcha Patriótica y que no concurra ninguna acción para restablecer los derechos vulnerados y salvaguardar la vida e integridad de los dirigentes campesinos.

Señor Santos, ¿está esperando que un líder de Ascsucor sea vilmente asesinado para tomar medidas?

Ante estos graves hechos

Exigimos:

1. Al Estado colombiano, autoridades civiles, militares y policiales velar por la protección de los campesinos amenazados, situación que es conocida por la Defensoría del Pueblo regional Córdoba.

2. A la Unidad de Víctimas tomar las medidas necesarias para restablecer el estado social de derecho y los derechos proferidos por la ley 1448 de 2011 para con las víctimas de desplazamiento forzado.

3. A la Unidad Nacional de Protección (UNP) adoptar las medidas urgentes y necesarias para que, en salvaguarda de la vida e integridad de los dirigentes y directivos de Ascsucor, se implementen los mecanismos de protección necesarios y se concurse con rapidez los que desde hace aproximadamente ocho meses se han remitido y aún no hay implementación alguna de medidas.

4. A la Fiscalía General de la Nación iniciar las investigaciones y judicializaciones pertinentes en procura de establecer justicia ante estos hechos victimizantes.

Solicitamos:

1. A Víctor Castilla, Defensor Regional del Pueblo: instar, requerir y exhortar a las autoridades civiles y de seguridad ciudadana tanto departamental como municipal para el caso de Puerto Libertador con el fin de brindar escenarios de seguridad y salvaguarda permanente de las vidas e integridad de los líderes de Ascsucor.

2. A la Oficina en Colombia de la Organización de las Naciones Unidas acompañar este acontecimiento victimizante haciendo seguimiento a las labores que adelanten las autoridades civiles, administrativas, de seguridad e investigación en materia de prevención de hechos que afecten o degraden la vida e integridad de los dirigentes e integrantes de Ascsucor.

3. A la Procuraduría General de la Nación vigilar y requerir a las instituciones pertinentes y competentes en pro de que brinden garantías para el libre desarrollo del derecho a la defensa y promoción de derechos humanos en el territorio colombiano, en especial el sur de Córdoba.

 
"Somos marcha, Somos Paz"